En dos casos se realizó el derribe, mientras que en otro se procedió a la inutilización de los inmuebles. Uno se ubicaba en Necochea y Pasaje Ivanowsky, mientras que otros dos estaban en Felipe Moré al 600 bis.
POLICIALES15 de enero de 2024
CIUDAD24
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en una tarea coordinada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó a cabo otro operativo para derribar puestos de venta de drogas, en el marco de la nueva Ley de Microtráfico, en la ciudad de Rosario.
En primer lugar, se derribó el puesto de venta de drogas de Necochea y Pasaje Ivanowsky. Según la investigación, pertenecía a un narco apodado “Chuqui Monedita”. Luego, fue el turno de un puesto ubicado en Felipe Moré al 600 bis que, según la causa que tramita el fiscal Franco Carbone, pertenece al clan del narco Francisco “Fran” Riquelme. En ambos casos, se realizó el derribe y se inutilizaron los inmuebles. Posteriormente, también en inmediaciones de Moré, se procedió a la inutilización de otro puesto de venta.
Estos operativos se llevan adelante mediante un trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, el Ministerio de Seguridad Provincial, la Policía Provincial y con colaboración de los gobiernos locales.
El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira detalló cómo funcionan estos lugares: “Los búnkers tienen una lógica de trabajo que no es permanente, se ocupan temporariamente para la venta. Los elementos probatorios están en la causa. Y no hay una presencia constante de personas en los puntos de venta. Los identificamos como búnker para que la gente lo comprenda, pero funcionaban como puntos de venta. Los búnkers tenían, en los años 2013 o 2014, otra infraestructura mucho más rígida, un local cerrado con una ventanita para la venta. Estas son viviendas usurpadas que se destinan temporariamente para la venta”, especificó.
Luego, el funcionario dio detalles de cómo se llega a este procedimiento: “Hay una sentencia de la jueza que se ha posado en los elementos probatorios presentados por el fiscal, donde se ha constatado que hay usurpación y están todas las medidas precautorias tomadas por la Justicia para que se lleve adelante esta medida”. A continuación, informó que hubo un allanamiento previo en el que surgieron “las pruebas que ha presentado el fiscal en la causa” y recordó que este “es un lugar simbólico, icónico, en la lucha contra de los vecinos, hace años, en esta cuestión”.
Así lo señaló el fiscal Adrián Spelta, tras la audiencia informativa que mantuvo con el detenido. Se trata de un menor de edad, que de acuerdo a la investigación, es el autor material de la muerte del playero de la estación de servicio en Rosario.
Dos hermanas de 19 y 21 años identificadas como Mayra y Milagros Pedrozo fueron imputadas como coautoras de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización deberán radicarse en Córdoba mientras avanza la investigación. El fiscal Benitez había reclamado la prisión preventiva.
El sujeto fue detenido luego de cargar combustible en Arrufó y darse a la fuga sin pagar. en otro hecho levantó a un hombre que hacía dedo en ruta 34 lo trajo hasta Ceres, pero le robo su dinero y no le permitía bajar del vehículo. La PDI lo ubicó en Sunchales.
Se trata de dos personas de 24 y 20 años que eran investigadas por extorsión. La PDI comprobó que la coincidencia de la escritura con notas dejadas contra el gobernador Maximiliano Pullaro.
Se trata de un hombre que tenía buscado por el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario desde 2019. En la intersección de las rutas 42 y 40 fue interceptado por un control cuando circulaba en sentido contrario y emprendió la fuga. Fue detenido a 14 kilómetros y quedó detenido tras ofrecer una suma de 20 millones para escapar.
Son presos que estaban alojados en las comisarías N°25 y N°11 de la ciudad de Santa Fe. Uno de los detenidos había participado este martes de una balacera en barrio Mayoraz. “Este es un trabajo progresivo y que va a continuar, porque es uno de los ejes fundamentales de la gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad”, dijo la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes.
Fueron incautados por causas judiciales y son utilizados para tareas de patrullaje. “Tenemos que brindar todos los recursos necesarios para que la policía pueda realizar tareas de prevención y poder investigar el crimen organizado”, aseguró el gobernador Maximiliano Pullaro cuando recorrió el depósito que la APRAD tiene en Alvear.
Estaba ubicado en Ayacucho al 4300 de Rosario. Participaron del operativo el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, el Ministerio de Seguridad y la Policía Provincial.
El inicio se dio en los Tribunales de San Cristóbal, en el marco de un proceso por homicidio calificado y tentativa de femicidio. Participaron 12 jurados titulares y 2 suplentes, todos ciudadanos comunes. La Ley N.º 14.253, que establece esta modalidad para delitos graves, fue promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro en 2024. “Es un avance en la participación democrática”, destacaron las autoridades.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina se encuentra en la etapa final de deliberación sobre la causa Vialidad, en la que se acusa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El fallo podría confirmar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La decisión tendrá un impacto significativo en el escenario político del país, especialmente en el calendario electoral.
Un fallo histórico que sacude el escenario político argentino.En una decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a seis años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Este fallo, relacionado con la Causa Vialidad, marca un hito en la historia judicial del país y redefine el panorama político de cara a las próximas elecciones. Detalles del fallo y sus implicaciones La sentencia ratificada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostiene que Cristina Kirchner fue responsable de administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Según la investigación judicial, entre 2003 y 2015, el empresario Lázaro Báez, allegado a la expresidenta, recibió contratos por 51 obras viales con presuntos sobreprecios y falta de controles adecuados. La defensa de Kirchner argumentó que el proceso judicial tenía motivaciones políticas, pero la Corte Suprema rechazó todos los planteos presentados. Desde el momento de la confirmación del fallo, la pena de prisión comienza a ejecutarse, salvo que se le conceda prisión domiciliaria, una opción viable dado que la expresidenta tiene 72 años y podría solicitar este beneficio basado en su edad. Además, su equipo legal aún tiene la opción de presentar apelaciones ante instancias internacionales, aunque difícilmente logren revertir la decisión del máximo tribunal argentino.