Estaba ubicado en Ayacucho al 4300 de Rosario. Participaron del operativo el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, el Ministerio de Seguridad y la Policía Provincial.
POLICIALES12 de enero de 2024
CIUDAD24
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, participó del operativo en el que se derribó el segundo puesto de venta de drogas en el marco de la nueva Ley de Narcomenudeo, ubicado en Ayacucho al 4300 de la ciudad de Rosario.
Estos operativos se llevan adelante mediante un trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, el Ministerio de Seguridad Provincial, la Policía Provincial y con colaboración de los gobiernos locales.
En declaraciones a la prensa, el ministro explicó cómo se desarrollan estos procedimientos contra el microtráfico que “incluyen la demolición, el derrumbe de las instalaciones, así como, en algunos casos, van a incluir el desalojo de las personas que están usurpando ese lugar para la venta”.
Luego, Cococcioni remarcó la importancia de la ley provincial contra el narcomenudeo, que fue enviada a la Legislatura por el gobernador Maximiliano Pullaro y aprobada durante el mes de diciembre: “La ley, para su aplicación plena, va a demandar nuevos recursos, mayores actividades de coordinación, transferencias presupuestarias que tienen que venir del gobierno nacional, y que ya se están reclamando, porque estas causas eran de jurisdicción nacional y ahora son provinciales”.
Según el funcionario provincial, este puesto de venta “está controlado por el clan Riquelme, una investigación valiosa por parte de la Fiscalía y de la PDI”. Para el ministro, “estos son los primeros casos que vienen en cumplimiento de la ley, pero luego la política de microtráfico estará basada sencillamente en la información aportada por la inteligencia criminal y van a ser intervenciones focalizadas de desactivación de los puntos de venta. Y aprovecha un curso investigativo que ya era preexistente”, detalló y no descartó la posibilidad de que, en la jornada de hoy, “haya al menos un operativo más”.
Sobre el final, explicó cómo es el accionar para activar un procedimiento de este tipo: “No vamos a requerimos una denuncia formal, aunque por supuesto la pueden hacer, pero la política de microtráfico se basa en inteligencia criminal que despliega autónomamente el Ministerio de Justicia y Seguridad, en coordinación con el Ministerio Público de Acusación y, en función de eso, se diseñan las intervenciones. La idea no es pedirle al vecino que sea quien motorice esto, sino que lo van a hacer los distintos organismos del Estado”.
Así lo señaló el fiscal Adrián Spelta, tras la audiencia informativa que mantuvo con el detenido. Se trata de un menor de edad, que de acuerdo a la investigación, es el autor material de la muerte del playero de la estación de servicio en Rosario.
Dos hermanas de 19 y 21 años identificadas como Mayra y Milagros Pedrozo fueron imputadas como coautoras de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización deberán radicarse en Córdoba mientras avanza la investigación. El fiscal Benitez había reclamado la prisión preventiva.
El sujeto fue detenido luego de cargar combustible en Arrufó y darse a la fuga sin pagar. en otro hecho levantó a un hombre que hacía dedo en ruta 34 lo trajo hasta Ceres, pero le robo su dinero y no le permitía bajar del vehículo. La PDI lo ubicó en Sunchales.
Se trata de dos personas de 24 y 20 años que eran investigadas por extorsión. La PDI comprobó que la coincidencia de la escritura con notas dejadas contra el gobernador Maximiliano Pullaro.
Se trata de un hombre que tenía buscado por el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario desde 2019. En la intersección de las rutas 42 y 40 fue interceptado por un control cuando circulaba en sentido contrario y emprendió la fuga. Fue detenido a 14 kilómetros y quedó detenido tras ofrecer una suma de 20 millones para escapar.
Son presos que estaban alojados en las comisarías N°25 y N°11 de la ciudad de Santa Fe. Uno de los detenidos había participado este martes de una balacera en barrio Mayoraz. “Este es un trabajo progresivo y que va a continuar, porque es uno de los ejes fundamentales de la gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad”, dijo la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes.
En dos casos se realizó el derribe, mientras que en otro se procedió a la inutilización de los inmuebles. Uno se ubicaba en Necochea y Pasaje Ivanowsky, mientras que otros dos estaban en Felipe Moré al 600 bis.
Fueron incautados por causas judiciales y son utilizados para tareas de patrullaje. “Tenemos que brindar todos los recursos necesarios para que la policía pueda realizar tareas de prevención y poder investigar el crimen organizado”, aseguró el gobernador Maximiliano Pullaro cuando recorrió el depósito que la APRAD tiene en Alvear.
El inicio se dio en los Tribunales de San Cristóbal, en el marco de un proceso por homicidio calificado y tentativa de femicidio. Participaron 12 jurados titulares y 2 suplentes, todos ciudadanos comunes. La Ley N.º 14.253, que establece esta modalidad para delitos graves, fue promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro en 2024. “Es un avance en la participación democrática”, destacaron las autoridades.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina se encuentra en la etapa final de deliberación sobre la causa Vialidad, en la que se acusa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El fallo podría confirmar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La decisión tendrá un impacto significativo en el escenario político del país, especialmente en el calendario electoral.
Un fallo histórico que sacude el escenario político argentino.En una decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a seis años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Este fallo, relacionado con la Causa Vialidad, marca un hito en la historia judicial del país y redefine el panorama político de cara a las próximas elecciones. Detalles del fallo y sus implicaciones La sentencia ratificada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostiene que Cristina Kirchner fue responsable de administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Según la investigación judicial, entre 2003 y 2015, el empresario Lázaro Báez, allegado a la expresidenta, recibió contratos por 51 obras viales con presuntos sobreprecios y falta de controles adecuados. La defensa de Kirchner argumentó que el proceso judicial tenía motivaciones políticas, pero la Corte Suprema rechazó todos los planteos presentados. Desde el momento de la confirmación del fallo, la pena de prisión comienza a ejecutarse, salvo que se le conceda prisión domiciliaria, una opción viable dado que la expresidenta tiene 72 años y podría solicitar este beneficio basado en su edad. Además, su equipo legal aún tiene la opción de presentar apelaciones ante instancias internacionales, aunque difícilmente logren revertir la decisión del máximo tribunal argentino.