La alta presión tributaria estaría generando que hasta un 40% de los tambos opere en la informalidad.

Carsfe, afiliada a CRA, advirtió que la presión tributaria no puede ser excusa para delitos, aunque un tambero argentino enfrenta al menos 37 gravámenes anuales en distintos niveles de gobierno. El relevamiento realizado junto a Meprolsafe revela que, a enero de 2026, el sector combina expansión productiva —impulsada por eficiencia, tecnología y condiciones climáticas favorables— con una alerta creciente sobre la rentabilidad. La reducción de la inflación, lejos de aliviar, expone la fragilidad de la sustentabilidad, ya que los costos y la carga impositiva continúan presionando los márgenes, incluso en un contexto de mayor producción y acceso a financiamiento

Meprolsafe y Carsfe detectaron en las charlas con productores y demás eslabones de la cadena una realidad dramática: informalidad superior al 40%, en ventas, en compras y en RRHH y presencia de productos fraudulentos en el mercado, todo esto con el justificativo de la alta presión fiscal.

 «Realmente pensamos que la presión fiscal no justifica estos delitos, pero un empresario tambero en Argentina debe afrontar un mínimo de 37 tributos anuales distribuidos entre los niveles nacional, provincial y municipal», esgrimieron desde Carsfe, gremial afiliada a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Una carga insoportable

La carga impositiva promedio para una empresa puede representar hasta el 42% de sus ventas. En ese cóctel que invita al abandono, hay tributos de diversa índole: nacionales, provinciales y municipales.

Dentro de los impuestos nacionales (gestionados por ARCA, ex-AFIP) se destaca el Impuesto a las Ganancias (Sociedades y Personas Físicas) que se aplica una escala progresiva que varía entre el 25% y el 35% sobre la utilidad neta. En 2026, la alícuota máxima del 35% aplica a rentas superiores a aproximadamente $347 millones. «Lo consideramos un impuesto que si todo el sistema impositivo está bien controlado es justo», sostienen las entidades.

En tanto, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) «posee una alícuota general es del 21% sobre las ventas, con tasas reducidas del 10,5% para ciertos sectores. Pedimos que se disminuya de manera que se favorezca el consumo de lácteos».

En la lista también figura el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como «impuesto al cheque», que grava los movimientos en cuentas corrientes «Cuando las operaciones se repiten o superponen generan impuesto sobre impuesto. Pedimos su eliminación», afirmaron. «Otro ejemplo es el Impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Se paga cada vez que se carga nafta o gasoil. Consideramos que se deben eliminar respecto de los consumidores ya que esto favorecería los sistemas productivos y favorecería el consumo y el turismo por parte de los consumidores finales.

Algo parecido sucede con los Impuestos internos a tecnología y electrónicos. La eficiencia y la innovación productiva está directamente relacionada con poder acceder a estas herramientas. Solicitamos se eliminen directamente para favorecer su incorporación al proceso productivo».

Respecto de las Cargas Sociales se plantearon modificaciones hacia un sistema más moderno y sobre Retenciones y Percepciones -que actúan como pagos a cuenta de Ganancias e IVA aplicados en diversas transacciones comerciales- se consideró literalmente su eliminación: «Que cada contribuyente pague lo que le corresponda, evitando retenciones indebidas y facilitando a ARCA en control por contribuyente directo», afirmaron, al tiempo que rescataron la importancia del Monotributo, aunque solicitaron mayores controles ante maniobras de evasión.

En el rubro de los impuestos provinciales, emergen como los de mayor impacto, los Ingresos Brutos (IIBB), que gravan la facturación bruta con alícuotas que suelen oscilar entre el 1,5% y el 5%, dependiendo de la actividad y la jurisdicción; el Impuesto de Sellos y el Inmobiliario Rural.

Asimismo, las Tasas Municipales son aplicadas por municipios, casi siempre con el compromiso de prestar servicios que no se prestan.

Desafíos para 2026
Meprolsafe y Carsfe coincidieron en que es indispensable corregir algunos aspectos para sostener la actividad tambera que hoy enfrenta un grave problema de rentabilidad. En ese sentido, debe propenderse a mantener la rentabilidad y la sustentabilidad de los tambos frente a la escalada de costos y la presión fiscal; mejorar la competitividad, tanto para el mercado interno (consumo) como para la exportación y asegurar financiamiento y rentabilidad para seguir invirtiendo en tecnología y eficiencia.

«Como conclusión, el sector tambero argentino, que generó el mayor aumento mundial de producción en el 2025, hoy muestra dinamismo productivo hacia 2026, pero la matriz impositiva, junto con factores macroeconómicos y de mercado, genera un escenario de alerta sobre la rentabilidad, requiriendo políticas de apoyo y alivio fiscal para sostener la actividad y que dejen de cerrar tambos», finalizaron.

Fuente: TodoAgro