Un fallo histórico que sacude el escenario político argentino.En una decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a seis años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Este fallo, relacionado con la Causa Vialidad, marca un hito en la historia judicial del país y redefine el panorama político de cara a las próximas elecciones. Detalles del fallo y sus implicaciones La sentencia ratificada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostiene que Cristina Kirchner fue responsable de administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Según la investigación judicial, entre 2003 y 2015, el empresario Lázaro Báez, allegado a la expresidenta, recibió contratos por 51 obras viales con presuntos sobreprecios y falta de controles adecuados. La defensa de Kirchner argumentó que el proceso judicial tenía motivaciones políticas, pero la Corte Suprema rechazó todos los planteos presentados. Desde el momento de la confirmación del fallo, la pena de prisión comienza a ejecutarse, salvo que se le conceda prisión domiciliaria, una opción viable dado que la expresidenta tiene 72 años y podría solicitar este beneficio basado en su edad. Además, su equipo legal aún tiene la opción de presentar apelaciones ante instancias internacionales, aunque difícilmente logren revertir la decisión del máximo tribunal argentino.
ACTUALIDAD10 de junio de 2025
CIUDAD24
En una decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a seis años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Este fallo, relacionado con la Causa Vialidad, marca un hito en la historia judicial del país y redefine el panorama político de cara a las próximas elecciones.
Detalles del fallo y sus implicaciones
La sentencia ratificada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostiene que Cristina Kirchner fue responsable de administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Según la investigación judicial, entre 2003 y 2015, el empresario Lázaro Báez, allegado a la expresidenta, recibió contratos por 51 obras viales con presuntos sobreprecios y falta de controles adecuados. La defensa de Kirchner argumentó que el proceso judicial tenía motivaciones políticas, pero la Corte Suprema rechazó todos los planteos presentados.
Desde el momento de la confirmación del fallo, la pena de prisión comienza a ejecutarse, salvo que se le conceda prisión domiciliaria, una opción viable dado que la expresidenta tiene 72 años y podría solicitar este beneficio basado en su edad. Además, su equipo legal aún tiene la opción de presentar apelaciones ante instancias internacionales, aunque difícilmente logren revertir la decisión del máximo tribunal argentino.
En cuanto al impacto político, esta sentencia deja a Kirchner fuera de la contienda electoral. La expresidenta planeaba postularse como diputada por la provincia de Buenos Aires, pero la inhabilitación perpetua bloquea cualquier posibilidad de participación en el gobierno. La coalición peronista deberá reorganizar su estrategia para las próximas elecciones legislativas y presidenciales.
Reacciones y posibles escenarios
Las repercusiones del fallo han sido inmediatas. Militantes kirchneristas salieron a las calles en Buenos Aires y en otras provincias en señal de protesta, calificando la sentencia como un "golpe judicial" contra el peronismo. Por su parte, miembros de la oposición celebraron la decisión como un paso hacia la transparencia institucional y el fin de la corrupción estructural en el país.
Kirchner, en un reciente comunicado, afirmó que el fallo era una muestra de persecución política, señalando que "estar presa es un certificado de dignidad". A pesar de su condena, sus seguidores han expresado su deseo de que continúe liderando el movimiento peronista desde fuera del poder.
A nivel institucional, esta decisión también plantea interrogantes sobre la relación entre el poder judicial y la política, abriendo un nuevo capítulo en la historia argentina.
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