Aumenta la presión sobre las provincias para reducir los impuestos.

El gobierno nacional y entidades del sector privado redoblaron en las últimas horas la presión sobre provincias y municipios para lograr una disminución de la carga tributaria local, con el impuesto a los ingresos brutos como centro de la polémica.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se montó sobre el anuncio de la eliminación de impuestos internos a los automóviles de alta gama para apuntar otra vez contra gobernadores e intendentes.

“Quiero remarcar la importancia de reducir el déficit vía reducción de gastos, y no vía aumento de impuestos como están haciendo algunas provincias y municipios (tasas en este caso) de manera injustificada, ya que todos están recibiendo mayores ingresos por el aumento en la recaudación”, señaló Caputo.

Con ese argumento, el ministro afirmó que “sería muy importante para el país que provincias y municipios, aprovechando este aumento en sus ingresos, se sumaran al esfuerzo que están haciendo todos los argentinos y redujeran Ingresos Brutos y tasas municipales”.

 
La nueva andanada de declaraciones también sumó al asesor de Caputo, Felipe Núñez, quien afirmó: “Mientras nosotros bajamos retenciones, Impuesto País e impuestos internos a los autos, los gobernadores suben Ingresos Brutos, Sellos y Patente. Es hora de pedirle que bajen los impuestos a ellos”.

La presión del Ejecutivo nacional se da luego de un año en que el ajuste de 15 puntos del PBI que ejecutó tuvo como blanco las provincias, entre otros.

Sobre el total de los recortes realizados el 17% correspondió a fondos que estaban destinados a las provincias, según el último estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), mientras que un 15% correspondió a Inversión Real Directa, donde también había partidas para las jurisdicciones del interior.

 
Si lo tomamos en términos absolutos, las transferencias de capital a las provincias cayeron 96%, mientras que las transferencias corrientes se redujeron 67,8%.

Privados
Con el ministerio de Economía liderando la embestida, diferentes organizaciones empresarias se acoplaron al pedido.

 
El Grupo de los 6 (G6) se pronunció a favor de un recorte impositivo y afirmó que el incremento de estos tributos “se ha convertido en un método de financiamiento local antes que en una contraprestación efectiva”.

El G6 lo integran la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

El G6 destacó que “resulta imposible avanzar con un desarrollo sostenible y federal, con creación de empleo de calidad y recuperación del consumo, si las provincias y municipios no acompañan el horizonte de reducción de la carga impositiva planteado por el Gobierno nacional”.

En este contexto, remarcó que si bien la alícuota de ingresos brutos está determinada por ley en 1.5%, su aplicación “en cascada” puede alcanzar entre el 3 y el 9%.

En cuanto a las tasas municipales, el G6 advirtió que el principal problema es la falta de proporcionalidad y la ausencia de contraprestación individual.

Según informes de las entidades miembros del G6, solo la tasa de seguridad e higiene representa en promedio el 34% de los recursos municipales propios y que puede llegar a representar cerca del 2% del valor final de un producto. En cuanto a ingresos brutos y sellos explican el 84% de los ingresos impositivos de origen provincial.

El G6 concluyó que el funcionamiento de las administraciones provinciales y municipales no puede ser a costa de los sectores productivos y financieros.

Previamente, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) había emitido un comunicado propio en el mismo sentido.

“El excesivo nivel de estos tributos perjudica severamente a empresas y consumidores finales”, sostuvo la entidad.

La CAC afirmó que la suba de tributos provinciales y municipales “engrosan una carga impositiva a todas luces desmesurada, perjudicando las posibilidades de crecimiento del país y la formalización de la actividad económica”.

Asimismo, observó que “los tributos en cuestión multiplican la carga en diversos eslabones de la actividad, con un efecto cascada que potencia sus efectos distorsivos, perjudicando severamente a empresas y consumidores finales”.

En la misma línea se expresaron las asociaciones bancarias más importantes del país.

“La alta carga de impuestos distorsivos que soporta la actividad financiera es uno de los elementos que explican, pese al repunte observado en el último año, el bajo y decreciente nivel de préstamos/PBI que muestra nuestra economía los últimos 25 años”, afirmó un comunicado firmado por ABA, ABAPPRA, ABE y ADEBA.

Según las entidades, las tasas de ingresos brutos y algunas tasas municipales “se encuentran en niveles récord como consecuencia de los aumentos observados en los últimos tiempos y constituyen una seria limitante para la expansión del crédito y la sustentabilidad de la presencia de las sucursales bancarias”.

En su declaración, las entidades remarcaron que “las personas y empresas tomadoras de crédito y usuarios de los servicios financieros son las que sufren las consecuencias de la alta presión impositiva”, y calificaron de paradójico que “sean las jurisdicciones provinciales y municipales las que dificulten el acceso y encarezcan los servicios financieros a sus vecinos”.