La policía de Santa Fe intervino en Sancor para evitar que el gremio impida la salida de camiones y la entrada de los trabajadores

El Gobierno de Santa Fe dispuso la presencia de fuerzas de seguridad en el interior de la planta que la cooperativa láctea Sancor posee en la localidad de Sunchales, a raíz de un largo conflicto laboral que suele paralizar las actividades, lo que fue denunciado como “una escalada de intimidación” por el cuerpo de delegados sindical.

 La decisión de enviar fuerzas policiales fue confirmada por voceros de la cartera de Seguridad provincial, luego de que el ministro de Trabajo local, Roald Báscolo, asegurara tras una visita a la planta que no iban a permitir bloqueos por parte de distintas agrupaciones gremiales.

La medida tiene por objetivo garantizar el derecho laboral de los empleados que no adhieren a las medidas de fuerza, y también la de los huelguistas.

“Lo que se acordó con la empresa es un operativo policial cuando entran y salen los camiones que llevan y traen la leche para que puedan garantizar el correcto funcionamiento de la empresa. Además de eso, los empleados que quieren trabajar. Sencillamente, es eso. Garantizamos entrada y salida de los vehículos y que el personal pueda ir a trabajar”, aseguraron en el ministerio de Justicia y Seguridad provincial.

“Nosotros respetamos el derecho a huelga habiendo planteos de trabajadores que no cobraron la totalidad de su salario”, sostuvo Báscolo.

”Pero también respetamos el derecho a trabajar de aquellos que quieran hacerlo”, agregó.

En tanto, el secretario de Seguridad Pública de la provincia, Omar Pereira, completó: “Estamos asegurando con Policía en el portón el ingreso de las personas que trabajan en la planta. No hubo inconvenientes. La evolución se está analizando siempre en contacto con el Ministerio de Trabajo provincial y con la Justicia. La actuación policial es clara y se dará en caso de que esté por cometerse un delito en flagrancia. Por otra parte, si llega a haber una disposición judicial se adoptarán las medidas pertinentes con el envío del personal que corresponda para realizar lo que la Justicia disponga”.

El conflicto y el operativo

La planta de Sancor en Sunchales atraviesa un largo conflicto laboral entre los administradores de la cooperativa y el sindicato del sector, Atilra. El gremio dispone medidas de fuerza por demoras en cancelación de los haberes de sus afiliados que, en algunos casos, paralizó la principal planta de la compañía láctea.

Ante esa situación, luego de la visita del ministro de Trabajo la semana pasada, el gobierno de Maximiliano Pullaro decidió el envío de fuerzas de seguridad a la planta, para evitar bloqueos.

“Todo está circunscripto a la planta de Sunchales. En otras plantas los trabajadores rechazan la posición del sindicato y hay muy baja adhesión . El problema es que el grupo más intenso está generando problemas, como bloqueos, amenazas y demás; están todos probados”, explicaron fuentes allegadas a la empresa.

“Se llegó a esta instancia porque las amenazas eran muchas. Los bloqueos a las distintas actividades eran muy grandes. La empresa acudió a las medidas legales para poder garantizar la libertad de trabajo”, explicaron.

La medida fue celebrada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), que agradeció al gobernador por disponer a la policía en la planta y permitir que los empleados puedan ir a trabajar.

En su cuenta de la red social X, el MEAB señaló: “A causa de los bloqueos que sufre Sancor por parte de la mafia sindical, la fuerza policial debe permanecer dentro de la planta, para que esta siga funcionando y proteger a los empleados de la extorsión constante de los delegados sindicales”.

La respuesta sindical
Para el cuerpo de delegados de Atilra en Sancor, en cambio, la presencia policial significa “una escalada de intimidación”. En una carta abierta dirigida al gobernador Maximiliano Pullaro, los delegados denunciaron que el ministro Báscolo incurrió en “un grave incumplimiento de sus deberes de funcionario público” y que intentó “sofocar el reclamo laboral”.

El cuerpo de delegados justificó esos dichos al señalar que el propio ministro de Trabajo reconoció el atraso en el pago de salarios y que, entre sus funciones legales, se encuentra la de “fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral vigente” y “aplicar sanciones por la inobservancia de las disposiciones que regulan el trabajo”.

En otro párrafo de la carta, indicaron que las declaraciones públicas, “parciales y contrarias a derecho” del Ministro de Trabajo provincial, solo contribuyen a incrementar el malestar que todo conflicto colectivo laboral conlleva.

”Nos encontramos ante un claro intento de sofocar nuestro justo reclamo laboral”, concluyeron.

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