CIUDAD24
La iniciativa fue promovida -en la Cámara Baja- por el Diputado Marcelo González con el debido seguimiento del trabajo en comisión y en la sesión del día de ayer para su aprobación.
La norma establece en su Art. 4 que “La Corte Suprema de Justicia que disponer las medidas pertinentes para dotar de los recursos humanos y materiales al nuevo Juzgado que se crea en esta ley”. Asimismo, se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley”.
“Transformación del sistema judicial departamental”
El Senador Michlig recibió la noticia con “sumo beneplácito” expresando su agradecimiento por la aprobación de Diputados que “permite dar un gran paso en la gran transformación del sistema judicial del departamento en los últimos años, sumando con ese juzgado una importante respuesta institucional para mejorar la calidad de vida y brindar a la ciudadanía mayor seguridad jurídica y tranquilidad”.
Por su parte el Diputado González, luego de agradecer a sus pares por el acompañamiento manifestó que “este juzgado cubre una importante necesidad de la ciudad de San Guillermo y región, para acercar el servicio de justicia a los vecinos para resolución de conflictos de la vida cotidiana”.
Fundamentos
En los fundamentos del proyecto del senador Michlig se señala que “la ciudad de San Guillermo y la región que la circunda se encuentra en pleno proceso de crecimiento poblacional, generando ello un considerable incremento de litigios predominantemente en materia civil, comercial y laboral”.
“La solución que se plantea con la presente norma es la creación de un Juzgado de fuero pleno con competencia material en causas civiles comerciales y laborales, con sede en la ciudad de San Guillermo (próxima a cumplir 10 años como ciudad), conservando, a su vez, la competencia sobre los asuntos enunciados en los artículos 111, 112 y 113 de la Ley No 10.160”.
“El acceso de los ciudadanos a la justicia, el desarrollo» y conclusión de los procesos judiciales dentro de plazos razonables y la tutela judicial efectiva son derechos de naturaleza constitucional previstos en el Pacto de San José de Costa Rica y que la Constitución Nacional incorpora como normas de jerarquía superior.
