Una vez más, las acciones de la anterior gestión municipal tienen repercusiones directas en el presente. En esta oportunidad, es la educación la que se ve afectada por la falta de transparencia de las autoridades que fueron parte de los gobiernos de Camilo Busquets.

Ante la falta de comprobantes que den cuenta cómo y cuándo se utilizó el Fondo de Financiamiento Educativo (FFE) de los años 2017 y 2019, períodos donde gobernada Busquets, hoy la Municipalidad de Ceres tiene una deuda de $7.540.710,64 con la Provincia de Santa Fe y los establecimientos educativos de la localidad.

Es así que ante la imposibilidad de rendir cuentas, ya que no hay forma de saber qué se hizo con la plata que el Gobierno de la Provincia destinaba a los colegios, el actual gobierno provincial decidió suspender la asignación 2022 de FFE. Esto implica que las escuelas ya no pudieron acceder a las dos primeras cuotas del año 2022 que se transfirieron en julio y agosto respectivamente y, a la par, el Municipio se ve en la obligación de devolver dinero que supuestamente fue malversado por prácticas políticas fraudulentas.

Sin embargo, utilizar fondos de financiamiento educativo para otros gastos que los establecidos por la ley fue habitual en la gestión Busquets, al punto que el ex intendente determinó en el decreto N° 3398/19 lo siguiente: “Artículo 1: Dispónese la utilización transitoria de fondos de rentas especiales con los límites y alcances establecidos en el artículo 8) de la Ordenanza 1577/2019 correspondiente a la partida de Fondos de Financiamiento Educativo por la suma de pesos cuatrocientos sesenta mil ($460.000) para ser utilizados en el pago de erogaciones corrientes”.

Estaríamos ante una probable malversación de fondos públicos que genera directas consecuencias en el normal funcionamiento del Municipio y de los establecimientos educativos.

A la par, el flamante ministro de economía, Sergio Massa, recortó en $50.000 millones la cartera educativa. El desfinanciamiento a la educación y la falta de aplicación de una justicia justa que realmente castigue a los que llevaron adelante el mal uso de fondos públicos y no a un ente institucional, traerá consecuencias catastróficas para el futuro educacional de nuestra ciudad y el país.